El SNS, obligado a pagar las operaciones en clínicas privadas extranjeras

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La Seguridad Social deberá pagar una intervención de 23.254 euros a una paciente que se operó en una clínica privada suiza. Se trata de  una mujer que presentaba un cuadro clínico con compresión nerviosa intrapélvica de raíces sacras derivada de lesiones de endometrios, el cual solo se podía intervenir en la Unidad de Neuropelvología del hospital Hirslanden de Zúrich. El Servicio de Prestaciones y Conciertos del Servicio Navarro de Salud autorizó la intervención y la Comisión Administrativa para la Seguridad Social de Trabajadores Migrantes emitió el certificado que permitía la intervención: el E-112.

Cuando la mujer solicitó que se le reintegrara la cantidad que había costado la operación, la Seguridad Social le respondió que no era posible al ser un procedimiento que no estaba implantado en los Sistemas Públicos de Salud de ninguno de los países del Espacio Social Europeo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, al igual que el Tribunal Supremo, entienden que la emisión del citado documento “constituye un acto administrativo eficaz desde su emisión, lo que implica el derecho del administrado a beneficiarse del contenido autorizatorio en los términos en los que fue dictado y en que le fue trasladado”. Esto sin que además tuviera obligación de indicar si la intervención iba a ser en un centro público o privado. Así, era la Seguridad Social quien debía comprobarlo y tomar una decisión previa a la autorización.

No es un cheque en blanco

Tan solo un magistrado ha dado otro punto de vista en la sentencia. Se trata de José Manuel López de la Serrana, quien entiende que la asistencia médica en el extranjero se ciñe a la pública, excluyendo a la privada. Por ello, expone: “el sistema sanitario público es y debe ser igual para todos los ciudadanos, sin que quepa facilitar que algunos obtengan beneficios asistenciales no incluidos en la cartera de servicios sanitarios general, facilitándoles acudir a clínicas privadas donde se prestan servicios sanitarios con técnicas más avanzadas que no están disponibles en los hospitales nacionales para el resto de los españoles, máxime cuando la mayoría de ellos no se puede costear salir al extranjero, ingresar en una clínica privada y anticipar el pago de 23.254 euros, para luego pedir que se los reintegre la caja común, pese a no haber cumplido con las obligaciones del Certificado E-112 que no es un cheque en blanco…”.

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